Impotencia, creatividad y medicina amarga

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Ha sido una semana turbulenta para la Universidad de Puerto Rico.

Para comenzar, el Centro de Estudiantes del recinto de Río Piedras fue vandalizado por un grupo de encapuchados. (Debo decir que en general, ha sido bastante contundente el repudio hacia las acciones de las personas que innecesariamente dañaron el Centro.) Al día siguiente, varios estudiantes que repartían hojas sueltas en el recinto y que no cometieron delito alguno fueron arrestados. Ese mismo día la Unidad de Operaciones Tácticas regresó al recinto, trayendo nuevamente las confrontaciones violentas entre policías y estudiantes. La prohibición de toda actividad de participación masiva en el recinto de Río Piedras por la rectora Ana Guadalupe se extendió por treinta días adicionales gracias a la Junta de Síndicos. Suenan fuertes rumores de que habrá un cambio en la presidencia de la Universidad. El gobernador Luis Fortuño escribió en una columna en El Nuevo Día que creará un comité para que lo asesore sobre cómo reestructurar la Universidad "desde sus cimientos," si es necesario. Varios programas, entre ellos el de Estudios Hispánicos, están en peligro de "pausar" el próximo año académico. Y como si no fuera suficiente, se comenzó a cobrar la cuota draconiana de estabilización fiscal y nadie tiene claro cómo se repartirán los fondos que se crearon para que los estudiantes la pagaran ni cuándo van a estar disponibles.

Y esto es sólo la primera semana de clases de este año.

Estos y otros sucesos dan una idea de cómo la comunidad universitaria ha sido invadida en esta semana por un abrumador sentimiento de impotencia ante lo injusto de su situación. Para echarle sal a la herida, los estudiantes se ven obligados a comenzar a pagar la cuota con su propio dinero, sacándolo de donde no lo tienen, pues las ayudas que tanto se les prometieron no estarán disponibles por el momento. De lo contrario, no podrán continuar estudios este semestre en la Universidad.

Esto es un golpe duro a la moral del movimiento estudiantil, ya que en estos momentos no les queda otra alternativa. Sin embargo, es por eso mismo que me parece que este año veremos de qué son realmente capaces la imaginación y la perseverancia de los estudiantes universitarios. En medio de esta crisis no han faltado las ideas innovadoras y brillantes. Creo que podemos esperar más de eso, esta vez en torno a mecanismos de presión, ya que evidentemente, hay que ingeniar nuevas formas de protesta que den mejores resultados.

No obstante, el 2011 promete traer más de esa medicina amarga que se le ha dado en sobredosis a la Universidad. Así que concluyo este deprimente artículo con la siguiente sugerencia: Si se tiene que pagar la cuota, que se pague con monedas o con billetes de denominaciones bajas en señal de protesta. Si la administración universitaria tiene tantas ganas de cobrar la cuota, no debería molestarles pasar el trabajo de contar monedas y billetes de uno o cinco dólares.

Si hay que empujarse más de la medicina amarga, por lo menos que se haga como dice la canción: "For a spoonful of sugar helps the medicine go down..."

El Tribunal Supremo y la separación de poderes en riesgo

Por primera vez en la historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico se aprobó sin unanimidad y sin discusión una resolución en donde se le pide a la Legislatura aumentar el número de jueces que lo componen de siete a nueve. La resolución fue aprobada con los votos a favor de los cuatro jueces estadistas nombrados bajo la administración actual y los votos en contra de los tres jueces populares. Cabe señalar que dos de los jueces del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Torres y Mildred Pabón Charneco, afirmaron durante sus vistas de confirmación en febrero que un aumento en el número de jueces se debía discutir en el pleno del Tribunal y que no se debía tomar a la ligera.

La resolución de veintidós páginas emitida por los jueces estadistas pretende justificar lo injustificable. Entre las razones que dan están el mejorar la eficiencia del Tribunal, la celebración de un número mayor de vistas orales y el permiso implícito que el pueblo alegadamente le dio al Tribunal en la consulta de 1994, cuando se quería enmendar la Constitución para aumentar el número de jueces, de que fuera el mismo Tribunal el que decidiera si aumentaba o no el número de miembros. Todas estas razones son falsas.

El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, se expresó en contra de la resolución por entender, con razón, que es completamente innecesaria y arbitraria. Según reportado en El Nuevo Día, "El jefe de la Rama Judicial acompañó su voto con seis anejos estadísticos para defender su posición de que el número de casos pendientes en el Supremo es de 155, sólo 10 casos más que en 1975, cuando el Supremo redujo a siete el número de sus jueces." De igual manera se expresaron en contra dos ex jueces presidentes del Tribunal Supremo, José Andréu García y Miriam Naveira, además de varios abogados. El presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, también se ha expresado en contra, aunque el Colegio oficialmente no ha emitido declaraciones al respecto.

La administradora de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez, estimó que este cambio en el Tribunal Supremo le costará al pueblo de Puerto Rico $800,000 anuales por juez. Pero el costo real de esta medida es aún mayor. Un juez del Tribunal Supremo se retira normalmente a los 70 años. Una vez alcanzada la edad de retiro, cualifica para recibir una pensión durante el resto de su vida equivalente al 100% del salario que se ganaba como juez (aproximadamente $120,000). Cuando muere, la pensión pasa a su cónyuge, quien la recibe también por el resto de su vida. Claro está, el juez no tiene que esperar a los 70 años para retirarse; lo puede hacer después de sólo ocho años de servicio y comoquiera puede recibir la pensión, aun si después decide volver a representar clientes en corte. Así que, el ex juez estaría cobrándole tanto a su cliente (que de seguro no será Juan del Pueblo) como al erario público. De más está decir que Puerto Rico no está en posición alguna para costear semejante gasto. Ni hablar de que esta práctica es, por lo menos, éticamente cuestionable.

La realidad es que el Tribunal Supremo no necesita dos jueces adicionales. La resolución hecha por los cuatro nuevos jueces estadistas, quienes tienen el atrevimiento de hacer una recomendación tan abarcadora después de haber llegado literalmente los otros días a sus cargos y que todavía están en el proceso de aprender a hacer su trabajo, responde a intereses puramente político-partidistas. Este drama se puede ver como el más reciente acontecimiento de una serie de medidas que el Partido Nuevo Progresista, que ni es nuevo ni es progresista, impulsa para obtener control duradero sobre las instituciones del País. Sin lugar a dudas, esto es un ataque directo a cualquier opinión o manera de pensar distinta a la de la administración actual. Por lo tanto, esto es un ataque a la democracia. No debemos olvidar que uno de los casos pendientes en el Tribunal Supremo es el de las violaciones al Reglamento del Senado y a la Constitución de Puerto Rico hechas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Dicho sea de paso, este caso se le quitó al Tribunal de Primera Instancia y fue directamente al Supremo a petición del Sr. Rivera Schatz.

Así que, aunque el aumento en el número de jueces del Tribunal Supremo no tenga lógica alguna dado el panorama económico de Puerto Rico y la historia del Tribunal, no me sorprendería que esta misma semana el Gobernador apruebe una medida que lo único que lograría hacer es debilitar aún más la ya frágil separación de poderes y dañar la imagen de lo que debería ser una de las instituciones más confiables de Puerto Rico.