IDEC 2012: Ya era tiempo

En estos días terminó la XX Conferencia Internacional sobre Educación Democrática (IDEC, por sus siglas en inglés) en Caguas. En esta conferencia participaron representantes de diversas organizaciones públicas, no gubernamentales y sin fines de lucro provenientes de más de veinte países y de todos los continentes. Nuestra Escuela, una organización sin fines de lucro con base comunitaria dedicada a educar a niños de familias de escasos recursos que han dejado la escuela tradicional desde el paradigma de la educación democrática, fue la entidad que gestionó que IDEC celebrara su vigésima conferencia en Puerto Rico.

La educación democrática es una visión de la educación en que las experiencias, conocimientos e intereses que el estudiante ya tiene son tomados en consideración al momento de la planificación de los planes de clases y los currículos; debe estar al alcance de todas y a todos sin importar su nivel económico; y sobre todo, guiar al estudiante en el proceso de definir unas metas personales y la creación de un plan para alcanzar esas metas.

La conferencia terminó con la creación de un documento en donde se declaran los principios, valores y acciones a tomar para lograr una reforma democrática en la educación en Puerto Rico, algo que hacía mucha falta que se hubiese hecho antes. Me complació mucho el leer que el día más importante de la conferencia era el día después que terminara, porque era el día en que se comenzaba a gestionar la educación democrática para todo Puerto Rico. Este tipo de ideas fácilmente podría quedarse como letra muerta en un lugar donde no hacen falta buenas propuestas para atender los problemas del país, pero que aun siendo buenas ideas, no se les presta atención, la mayoría de las veces por razones mezquinas. Así que me alegra mucho el ver que quienes gestionaron ese documento estén conscientes de este mal crónico de Puerto Rico.

Otro acierto de la declaración es el hincapié que hacen en la despartidización o despolitización de la educación en Puerto Rico, algo que he dicho anteriormente aquí. Los políticos no deben tocar para nada la educación de un país por la sencilla razón de que los cambios que impulsan nada tienen que ver con la realidad de las necesidades del sistema educativo, sino que responden a una visión ideológica que se busca imponer. Ejemplos de esto sobran tanto aquí como en otros países.

La declaración también incluye dentro de su visión transformadora para Puerto Rico la educación de la ciudadanía más allá de la escuela. Como se puede apreciar en la famosa encuesta que salió en estos días de El Nuevo Día sobre el plebiscito de estatus que se realizará en noviembre, tenemos una ciudadanía que no está bien educada sobre las opciones de estatus posibles para Puerto Rico (independientemente de que el plebiscito es un embeleco mal hecho, pero eso es otro tema sobre el cual escribiré en otra ocasión). Tampoco sabe cómo escoger (y exigir) un candidato que esté capacitado para hacer el trabajo que se le encomiende, prefiriendo votar por costumbre o según lo que se le dicte, ya sea por su partido de preferencia o por sus líderes religiosos.

Habrá que ver cómo se desarrolla la adopción de estos principios en los próximos años. Varias organizaciones locales la endosaron: universidades, organizaciones no gubernamentales, cooperativas, etc. Sinceramente espero que esto pueda servir de comienzo para una verdadera reforma en la educación de Puerto Rico y que finalmente se deje de enseñar cómo salir bien en los exámenes y se comience realmente a educar.

Primarias 2012: La democracia excluyente

A mí me encantaría poder votar en primarias. De verdad que sí. Contrario a lo que la mayoría de los políticos afirman, de que la primaria es la derrota del consenso --como dijera jactanciosamente hace unos días el candidato por el Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau-- yo pienso que la primaria es una excelente oportunidad para involucrar a la ciudadanía en el proceso de escoger cuáles serán los candidatos en las elecciones generales. ¿Qué más democrático que el que todos puedan expresarse para tratar de que haya algo que valga la pena en la papeleta en noviembre en vez de que se lo impongan a uno? Pero hay una razón muy sencilla por la cual estoy excluido de ese proceso. La ley electoral en Puerto Rico dice que para poder votar en primarias, tengo que estar afiliado al partido que las está celebrando.

Yo me niego rotundamente a afiliarme a un partido por varias razones. La primera de ellas es sencillamente por cuestión de vergüenza. No puedo ser parte de organizaciones que le han causado tanto daño a Puerto Rico y que tratan tan livianamente asuntos que son medulares para el bienestar del país, como por ejemplo educación, salud, economía, transportación y por supuesto, el sempiterno problema del estatus. Ni hablar de que quienes dirigen esas estructuras tienen poco o nada bueno que ofrecer como funcionarios públicos en los cargos que ocupan o a los cuales aspiran. Son verdaderamente un cáncer en nuestra sociedad.

Pero otra razón de peso para no afiliarme a un partido es por protección. Tener que revelar a quién uno favorece en unas elecciones es algo que puede ser un riesgo en Puerto Rico. Hace tiempo dejé de ser lo suficientemente ingenuo como para creer que los empleos en el sector público (y a veces en el sector privado también) se los dan a las personas mejor cualificadas. Lamentablemente, en Puerto Rico necesitas una conexión --una pala, como decimos aquí-- para poder asegurar un empleo, y más si es uno que pague un salario que valga la pena. Sencillamente no es real que uno confíe en que las afiliaciones políticas que uno pueda tener no tendrán peso al momento de tomar una decisión en un sistema en que las cabezas de entidades públicas son designadas por el gobernador --que es a su vez presidente de su partido-- y que por lo tanto, tienen que comprometerse a ayudar a consolidar su poder. Es un tipo de discrimen del cual no se habla mucho en Puerto Rico, pero que está presente en el día a día. Sospecho que no se habla mucho de ello porque no hay partido que haya estado en el poder que pueda decir que no es culpable de esta práctica.

Por último, es injusto que en una consulta tan importante se imponga en cuál primaria uno puede votar. Yo no quisiera votar en la primaria de un solo partido. ¡Yo quiero votar en todas las primarias que se celebren! El permitir que los no afiliados puedan votar en primarias es una buena manera de tratar de sacar de carrera a aquellas personas que definitivamente no deberían estar en cargos electivos. Las personas que pertenecen al llamado "corazón del rollo" tienden a votar a ciegas, independientemente de si el candidato tiene algún mérito o no. (Por eso de ser justo, debo señalar que no todas las personas del corazón del rollo votan a ciegas. Pero si me dejo llevar por estas últimas primarias, tengo que concluir que muchos sí lo hacen.)

Un argumento que hacen aquellos que favorecen las primarias cerradas es que si se deja que cualquiera vote en primarias, un partido puede organizarse para darle el voto al candidato más flojo del otro partido para que sea éste el que prevalezca y sea más fácil de derrotar en las elecciones generales, cosa que no me sorprendería que se hiciera. Se dice, además, que los partidos son organizaciones privadas y que, por ende, son los miembros los que deben tener derecho a escoger sus candidatos para las elecciones generales. Esto también es cierto. Pero hay formas de hacer primarias que protejan al partido de las artimañas de sus opositores sin que se le niegue el derecho al voto al elector no afiliado. Claro, no le conviene a los partidos que esta conversación se dé entre la ciudadanía porque contribuiría a debilitar el sistema bipartidista que ha dominado el país durante varias décadas.

De alguna manera el sistema que tenemos llegará a su fin por el simple hecho de ser insostenible. Si lo que venga después es mejor o peor, no lo sé. Pero, parecen haber algunas buenas señales, aunque débiles todavía. Están surgiendo paulatinamente nuevos partidos que presentan otras opciones para los electores (habrá que ver si no se convierten en más de lo mismo), varias personas expresaron su molestia por no poder votar en las primarias por no estar afiliados y un artículo de elnuevodia.com de Benjamín Torres Gotay también reflexiona sobre la naturaleza excluyente de las primarias.

Lo más probable es que un cambio real en la manera en que se hace política tarde en llegar y tengamos que soportar más golpes bajos, garatas, descaros, pillaje, discursos homofóbicos, incompetencia y mentiras. Pero por lo menos, aunque seamos pocos todavía, hay gente hablando acerca de esto.

El Tribunal Supremo y la separación de poderes en riesgo

Por primera vez en la historia del Tribunal Supremo de Puerto Rico se aprobó sin unanimidad y sin discusión una resolución en donde se le pide a la Legislatura aumentar el número de jueces que lo componen de siete a nueve. La resolución fue aprobada con los votos a favor de los cuatro jueces estadistas nombrados bajo la administración actual y los votos en contra de los tres jueces populares. Cabe señalar que dos de los jueces del Tribunal Supremo, Rafael Martínez Torres y Mildred Pabón Charneco, afirmaron durante sus vistas de confirmación en febrero que un aumento en el número de jueces se debía discutir en el pleno del Tribunal y que no se debía tomar a la ligera.

La resolución de veintidós páginas emitida por los jueces estadistas pretende justificar lo injustificable. Entre las razones que dan están el mejorar la eficiencia del Tribunal, la celebración de un número mayor de vistas orales y el permiso implícito que el pueblo alegadamente le dio al Tribunal en la consulta de 1994, cuando se quería enmendar la Constitución para aumentar el número de jueces, de que fuera el mismo Tribunal el que decidiera si aumentaba o no el número de miembros. Todas estas razones son falsas.

El juez presidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, se expresó en contra de la resolución por entender, con razón, que es completamente innecesaria y arbitraria. Según reportado en El Nuevo Día, "El jefe de la Rama Judicial acompañó su voto con seis anejos estadísticos para defender su posición de que el número de casos pendientes en el Supremo es de 155, sólo 10 casos más que en 1975, cuando el Supremo redujo a siete el número de sus jueces." De igual manera se expresaron en contra dos ex jueces presidentes del Tribunal Supremo, José Andréu García y Miriam Naveira, además de varios abogados. El presidente del Colegio de Abogados, Osvaldo Toledo, también se ha expresado en contra, aunque el Colegio oficialmente no ha emitido declaraciones al respecto.

La administradora de los Tribunales, Sonia Ivette Vélez, estimó que este cambio en el Tribunal Supremo le costará al pueblo de Puerto Rico $800,000 anuales por juez. Pero el costo real de esta medida es aún mayor. Un juez del Tribunal Supremo se retira normalmente a los 70 años. Una vez alcanzada la edad de retiro, cualifica para recibir una pensión durante el resto de su vida equivalente al 100% del salario que se ganaba como juez (aproximadamente $120,000). Cuando muere, la pensión pasa a su cónyuge, quien la recibe también por el resto de su vida. Claro está, el juez no tiene que esperar a los 70 años para retirarse; lo puede hacer después de sólo ocho años de servicio y comoquiera puede recibir la pensión, aun si después decide volver a representar clientes en corte. Así que, el ex juez estaría cobrándole tanto a su cliente (que de seguro no será Juan del Pueblo) como al erario público. De más está decir que Puerto Rico no está en posición alguna para costear semejante gasto. Ni hablar de que esta práctica es, por lo menos, éticamente cuestionable.

La realidad es que el Tribunal Supremo no necesita dos jueces adicionales. La resolución hecha por los cuatro nuevos jueces estadistas, quienes tienen el atrevimiento de hacer una recomendación tan abarcadora después de haber llegado literalmente los otros días a sus cargos y que todavía están en el proceso de aprender a hacer su trabajo, responde a intereses puramente político-partidistas. Este drama se puede ver como el más reciente acontecimiento de una serie de medidas que el Partido Nuevo Progresista, que ni es nuevo ni es progresista, impulsa para obtener control duradero sobre las instituciones del País. Sin lugar a dudas, esto es un ataque directo a cualquier opinión o manera de pensar distinta a la de la administración actual. Por lo tanto, esto es un ataque a la democracia. No debemos olvidar que uno de los casos pendientes en el Tribunal Supremo es el de las violaciones al Reglamento del Senado y a la Constitución de Puerto Rico hechas por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Dicho sea de paso, este caso se le quitó al Tribunal de Primera Instancia y fue directamente al Supremo a petición del Sr. Rivera Schatz.

Así que, aunque el aumento en el número de jueces del Tribunal Supremo no tenga lógica alguna dado el panorama económico de Puerto Rico y la historia del Tribunal, no me sorprendería que esta misma semana el Gobernador apruebe una medida que lo único que lograría hacer es debilitar aún más la ya frágil separación de poderes y dañar la imagen de lo que debería ser una de las instituciones más confiables de Puerto Rico.

"¿La Junta Consultiva de Educación? ¿Qué es eso?"

El Nuevo Día publicó hoy un reportaje sobre la Junta Consultiva de Educación, cuya creación se anunció en diciembre de 2009. Su función consiste en "investigar, evaluar y recomendar acerca de las necesidades del estudiante, los maestros, los currículos, los servicios y las facilidades que queremos como pueblo -en términos de educación pública-, de frente al nuevo Siglo," según un comunicado de la Fortaleza emitido para anunciar formalmente su creación. Nueve meses después de este anuncio El Nuevo Día encontró que la Junta todavía no existe. Esto de por sí no es una gran tragedia, ya que Puerto Rico no necesita otra junta innecesaria. La gran tragedia de todo esto es que al pueblo de Puerto Rico esta Junta no existente le cuesta anualmente $120,000.


Esta cantidad es el salario de uno de los copresidentes de la Junta, el ex Secretario de Educación Carlos Chardón, quien en noviembre de 2009 renunció a su cargo para asumir la tarea de supervisar la creación del nuevo cuerpo de asesoría. (El otro copresidente es el Secretario de Estado, Kenneth McClintock.) Cuando se le hicieron preguntas sobre cuáles precisamente eran sus funciones, su respuesta se podría resumir de la siguiente manera: leer, buscar información en la Internet y reunirse y asesorar a diversos funcionarios de gobierno que, dicho sea de paso, han negado el haber recibido tales asesorías o han dado una versión distinta del carácter de sus reuniones con el Dr. Chardón. A preguntas de por qué esta Junta es necesaria, contestó que el País tiene que "abrirse al mundo." Exactamente qué tiene que ver la Junta Consultiva de Educación con que Puerto Rico se abra al mundo, no lo sé, a no ser que abogue por que se eliminen las Leyes de Cabotaje o que la Isla se excluya de la Cláusula Territorial. Lo que sí sé es que a medida que contestaba las preguntas que se le hicieron, más se me parecía a una concursante pasmada de certámenes de belleza cuando comienza a contestar con incoherencias las preguntas que pretenden exponer su "belleza interior." De más está decir que el Dr. Chardón no ha logrado en nueve meses demostrar su inteligencia interior.


Reflexionando sobre el pobre desempeño del Dr. Chardón me hace pensar en los famosos chardonazos de los setenta y ochenta, disparates académicos propuestos por él y que parecen lo que son realmente: disparates legales. Claro está, estos chardonazos tomaron esta vez la forma de la Junta Consultiva de Educación. Esta Junta es otro ejemplo de una iniciativa legalmente cuestionable del Dr. Chardón.


En fin, el hecho de que esta persona está cobrándole al pueblo de Puerto Rico por ser jefe de un cuerpo que no existe y que ni empleados tiene en su oficina (pues no se le puede asignar presupuesto precisamente porque la Junta no existe) no es nada más ni nada menos que una poca vergüenza y un crimen. En un momento en que el gobierno habla de "cortar la grasa," despidiendo a miles de empleados públicos porque se considera que son una carga para el estado, valdría la pena ver cuál es la definición de "grasa" de esta administración. ¿Qué mensaje le envía al pueblo al conservar a un funcionario que no rinde frutos y que le sale tan caro? ¿Será acaso que al gobierno no le importa el bienestar de un empleado público que probablemente sí hacía su trabajo y que comoquiera fue despedido, pero sí le importa acomodar en un puesto extremadamente bien remunerado a alguien que responde incondicionalmente a las mezquindades de la actual administración? Por lo menos ahora sólo cuesta $120,000. Si algún día forman la Junta por fin, nos saldrá mucho más caro, y no sólo en términos económicos.


SUPLEMENTO: 18 de septiembre


El Nuevo Día tiene como primera plana un reportaje titulado "El rostro que manda en el DE." Este reportaje trata sobre Alberto Velázquez Piñol, gerente de administración del "task force" del Departamento de Educación (DE) creado por el Gobernador en diciembre de 2009 tras la salida de Carlos Chardón como Secretario del DE. Esta es la persona que está a cargo de velar por el presupuesto del DE, que asciende a cuatro mil millones de dólares. Es también el responsable de recortes presupuestarios a escuelas, el despido de maestros y conserjes y la reducción de personal en la Oficina para el Mejoramiento de las Escuelas Públicas. No posee bachillerato, no vive en Puerto Rico, su antiguo patrono lo acusa de fraude administrativo y cobra $150,000 anuales por trabajar tres días a la semana.


El señor Velázquez es la persona más poderosa en el DE, aun más que el mismo Secretario de Educación, gracias a la creación del "task force" en respuesta a señalamientos del Departamento de Educación federal. Tiene a su cargo los sistemas de información, presupuesto, auditorías internas, compras, finanzas, el cumplimiento fiscal y programático, en fin, todo menos lo académico.


Hasta ahora, sólo el Gobernador tiene cosas buenas que decir acerca de Velázquez. Todas las personas entrevistadas por El Nuevo Día lo describen como alguien temido por sus empleados y famoso por su trato rudo con ellos. Todo esto explica por qué en menos de dos años el DE va por su tercer Secretario y por qué Chardón prácticamente salió corriendo de allí. Veamos la realidad: el puesto creado para Chardón como copresidente de una Junta que al día de hoy no existe se creó únicamente para mantener contento a un favorito del Gobernador. No me sorprendería que la Junta Consultiva de Educación no se creara jamás y que el Dr. Chardón pase el resto del cuatrienio malgastando tiempo, dinero y espacio en una amplia oficina vacía en el Departamento de Estado.


La contestación a la pregunta que hice en el artículo original de si al gobierno le interesa más el mantener acomodado a alguien que le sirva de alicate que el bienestar de los empleados que realmente trabajan es más que obvia. Señor Gobernador, ¿Para quién realmente es la crisis fiscal?

Despojos a diestra y siniestra: Sobre la incompetencia de los dirigentes de la UPR

Las noticias que han salido en los periódicos del país en los últimos días sobre la Universidad de Puerto Rico han sido muy reveladoras. Estas noticias hablan mayormente sobre la falta de cursos y secciones en la oferta académica de los recintos (sobre todo en el de Río Piedras) y sobre la posibilidad de cerrar hasta cuatro recintos y/o vender terrenos.

Vale la pena aclarar que esta información sobre el cierre de recintos no se ha confirmado por la administración central de la UPR, ya que esta última no es una declaración oficial, sino producto de entrevistas con fuentes sin identificar. La administración central de la UPR no ha reaccionado todavía al artículo de El Nuevo Día en donde se da a conocer la intención de estudiar la posibilidad del cierre o fusión de recintos. (Se espera que haya una declaración de parte de la Junta de Síndicos en los próximos días.) Sin embargo, dadas las medidas poco creativas que han tomado para paliar el déficit del sistema universitario, no debe sorprender a nadie si se llegase a confirmar.

Son precisamente estas medidas que carecen de creatividad, inteligencia y sensibilidad las que demuestran las intenciones verdaderas de los dirigentes de la UPR. Permitir que se afecte tan drásticamente la oferta académica, poner en peligro un sinnúmero de trabajos tanto de personal docente como no docente y el mero acto de contemplar el cierre de recintos y vender sus terrenos sencillamente no son opciones aceptables (ni hablar del golpe duro al bolsillo del estudiante). Bajo ninguna circunstancia un administrador de un sistema como el de la UPR, que se ha distinguido por su calidad académica y que es parte del patrimonio nacional, debe ni tan siquiera pensar en hacer tales cosas. Si a los dirigentes del sistema realmente les importa el bienestar de la UPR como les debería importar a personas en sus cargos, estarían luchando con uñas y dientes por devolverle el prestigio y la salud fiscal a la universidad. Estarían tratando de cobrar la deuda multimillonaria de Triple S con la universidad, habrían adoptado las recomendaciones que la misma comunidad académica hizo para atender el déficit sin que afectara demasiado a quienes menos tienen, protegerían los terrenos de los recintos (asegurando así el potencial para el crecimiento futuro) y estarían exigiéndole al Gobernador que le devuelva a la universidad el dinero que por ley le corresponde. Hacer menos que esto sería una deshonra a la tradición de excelencia de la universidad y una traición al futuro de Puerto Rico.

Así que, ¿qué exactamente revelan las noticias de los últimos días sobre los dirigentes de la UPR? Sencillamente, su total incapacidad para ocupar los cargos que ostentan. Además, le dan peso a algo que he pensando durante cierto tiempo: si uno es incompetente, ¿uno será capaz de saberlo?