Juan Mari Brás: La lumbrera de un país en tinieblas

Ayer murió Juan Mari Brás, el puertorriqueño que probablemente hizo más por la independencia del país que cualquier otro.

Confieso que antes de su muerte, no sabía mucho acerca de Don Juan Mari Brás. Así que gracias al comentario de un amigo muy apreciado (dijo: "Ese sí era un puertorriqueño de verdad."), decidí que tenía que saber más acerca de esta persona. Lo que encontré fue realmente impresionante.

Durante toda su vida abogó por la independencia de Puerto Rico. La lista de organizaciones pro-independencia que fundó o ayudó a formar es larga. A los 18 años fundó en su escuela superior junto a sus amigos un movimiento pro-independencia. Fue fundador también del primer programa de radio independentista Grito de la patria y miembro fundador del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), sirviendo además como presidente de la Juventud Independentista.

En 1944 fue expulsado de la Universidad de Puerto Rico por haber participado en una manifestación en repudio a la decisión del entonces rector del recinto de Río Piedras, Jaime Rexach Benítez, de no permitirle a Pedro Albizu Campos participar como orador invitado en una actividad organizada por los estudiantes independentistas del recinto. Culminó sus estudios universitarios en American University, de donde obtuvo su grado en Derecho y en 1959 estableció el Movimiento Pro-Independencia Puertorriqueño, que más tarde se convirtió en el Partido Socialista Puertorriqueño (PSP).

Durante la década de los setenta Mari Brás fue una de las figuras clave que ayudó a llevar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el asunto del estatus político de Puerto Rico y argumentar allí a favor de la descolonización total del país. Es en esta misma década que junto con César Andreu Iglesias fundó el periódico Claridad, que al día de hoy sigue siendo una alternativa importante a los tres principales periódicos del país.

En 1976 uno de sus hijos, Santiago Mari Pesquera, fue asesinado mientras Mari Brás hacía su campaña como el candidato del PSP para gobernador. El caso se quedó sin resolver, pero siempre ha existido la sospecha de que fue en represalia por su gestión como activista a favor de la independencia.

En el 2002 fue una de las voces más importantes en repudiar la presencia de la marina estadounidense en la isla de Vieques. Fue arrestado junto con uno de sus hijos y un nieto mientras hacían desobediencia civil.

Pero quizás lo que más se recordará de él es el famoso experimento jurídico que hizo en 1994 cuando renunció voluntariamente a su ciudadanía estadounidense para afirmar su ciudadanía puertorriqueña, convirtiéndose así en el primer puertorriqueño en recibir un certificado de ciudadanía puertorriqueña de parte del Departamento de Estado. Gracias a él, desde el 2007 cualquier puertorriqueño que así lo desee lo puede solicitar. Este certificado es una identificación válida en todo Puerto Rico.

El también cofundador de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos en Mayagüez nunca abogó por la lucha armada como mecanismo para alcanzar la independencia. Sin embargo, reconoció el derecho de utilizarla  si así el pueblo lo decidiera.

Verdaderamente, Don Juan Mari Brás fue y seguirá siendo un ejemplo digno de imitar para el pueblo de Puerto Rico. Nunca vaciló en denunciar las injusticias que se le hacen todavía al país. A mi entender, es una gran vergüenza que el gobierno no haya decretado un periodo de duelo nacional para una persona que sin lugar a dudas fue un puertorriqueño ilustre. Si a alguien realmente le sirve título de "Honorable," es a él.

Despojos a diestra y siniestra: Sobre la incompetencia de los dirigentes de la UPR

Las noticias que han salido en los periódicos del país en los últimos días sobre la Universidad de Puerto Rico han sido muy reveladoras. Estas noticias hablan mayormente sobre la falta de cursos y secciones en la oferta académica de los recintos (sobre todo en el de Río Piedras) y sobre la posibilidad de cerrar hasta cuatro recintos y/o vender terrenos.

Vale la pena aclarar que esta información sobre el cierre de recintos no se ha confirmado por la administración central de la UPR, ya que esta última no es una declaración oficial, sino producto de entrevistas con fuentes sin identificar. La administración central de la UPR no ha reaccionado todavía al artículo de El Nuevo Día en donde se da a conocer la intención de estudiar la posibilidad del cierre o fusión de recintos. (Se espera que haya una declaración de parte de la Junta de Síndicos en los próximos días.) Sin embargo, dadas las medidas poco creativas que han tomado para paliar el déficit del sistema universitario, no debe sorprender a nadie si se llegase a confirmar.

Son precisamente estas medidas que carecen de creatividad, inteligencia y sensibilidad las que demuestran las intenciones verdaderas de los dirigentes de la UPR. Permitir que se afecte tan drásticamente la oferta académica, poner en peligro un sinnúmero de trabajos tanto de personal docente como no docente y el mero acto de contemplar el cierre de recintos y vender sus terrenos sencillamente no son opciones aceptables (ni hablar del golpe duro al bolsillo del estudiante). Bajo ninguna circunstancia un administrador de un sistema como el de la UPR, que se ha distinguido por su calidad académica y que es parte del patrimonio nacional, debe ni tan siquiera pensar en hacer tales cosas. Si a los dirigentes del sistema realmente les importa el bienestar de la UPR como les debería importar a personas en sus cargos, estarían luchando con uñas y dientes por devolverle el prestigio y la salud fiscal a la universidad. Estarían tratando de cobrar la deuda multimillonaria de Triple S con la universidad, habrían adoptado las recomendaciones que la misma comunidad académica hizo para atender el déficit sin que afectara demasiado a quienes menos tienen, protegerían los terrenos de los recintos (asegurando así el potencial para el crecimiento futuro) y estarían exigiéndole al Gobernador que le devuelva a la universidad el dinero que por ley le corresponde. Hacer menos que esto sería una deshonra a la tradición de excelencia de la universidad y una traición al futuro de Puerto Rico.

Así que, ¿qué exactamente revelan las noticias de los últimos días sobre los dirigentes de la UPR? Sencillamente, su total incapacidad para ocupar los cargos que ostentan. Además, le dan peso a algo que he pensando durante cierto tiempo: si uno es incompetente, ¿uno será capaz de saberlo?

Un ciclo vicioso: Escuelas paupérrimas y sillas vacantes

A sólo días de comenzar el nuevo año escolar, los puertorriqueños nos encontramos una vez más ante un panorama alarmante: las escuelas del sistema público de enseñanza no están listas para recibir estudiantes el primer día de clases. Lamentablemente, es un panorama al cual estamos acostumbrados. De hecho, mi generación da por sentado que las escuelas nunca están listas para comenzar el año escolar y que es una situación que se repetirá año tras año. Dado el ambiente económico y político actual del país, no creo que sea del todo incorrecto tomar esa posición. Es hasta lógico pensar así.

Lo que resulta alucinante, sin embargo, es que se haya permitido que el sistema educativo se degenerara de esta manera por tanto tiempo. ¿Por qué, si se sabe que habrá falta de personal, tanto docente como no docente y edificios con problemas desde hongo hasta sabandijas (y en este caso, cambios de Secretario de Educación a cada rato), no se han tomado medidas para prevenir o por lo menos disminuir los problemas que comúnmente encontramos a principios del año escolar? Las medidas que el Gobierno puede comenzar a tomar no requieren que uno sea un genio para saber cuáles son; sin embargo, requieren mucha voluntad de parte de quienes están en el poder.

Una de esas medidas que pueden ayudar a largo plazo al Departamento de Educación (DE) es despolitizarlo. El Secretario de Educación no se debe cambiar cada cuatro años y depender de que el Gobernador de turno, quien puede o no tener peritaje en Educación (o asesores decentes), lo nombre. No debe ser una persona que siga a ciegas una agenda política o cuya cualificación más sobresaliente sea lealtad total al Gobernador de turno (como es el caso del Presidente de la Universidad de Puerto Rico y la mayoría de los miembros de la Junta de Síndicos). Este nombramiento no puede ser de confianza. Debe ser hecho por gente que tengan que ver directamente con el DE y tengan conocimiento de cómo funcionan las escuelas en realidad. Es decir, la designación del Secretario de Educación la deben hacer maestros. Nada más con hacer ese cambio se haría mucho por mejorar las condiciones de las escuelas del país, como pasó con el sistema de educación pública de Finlandia. De lo contrario, se seguirá inventando la rueda cada cuatro años y el DE continuará careciendo de un plan y una visión a largo plazo.

Por eso, no debe extrañarnos que las escuelas no estén listas para el comienzo de clases. Lo que sí nos debe preocupar y lo que debemos examinar detenidamente es por qué hemos dejado que esto suceda durante tantos años, por qué hemos permitido que se le haya quitado dinero a lo que más deberíamos estar apoyando (agravando más todavía un problema que ya era grande) y por qué le hemos negado a los niños de Puerto Rico el derecho a una educación en condiciones adecuadas.

¿Vives en San Juan y quieres reciclar? 'Dito...

Hoy fui a llevar dos bolsas de basura llenas de botellas plásticas listas para reciclar al centro de acopio que está en el estacionamiento del Acuaexpreso, justo frente al Choliseo, en Hato Rey. Cuando entro al estacionamiento para dejar las botellas que iba a reciclar, encuentro la entrada a la parte donde están los contenedores bloqueada por una enorme máquina o contenedor (realmente no sé lo que era). Me detengo un momento a considerar si debo irme. Miro hacia los contenedores, pero no veo a nadie. Veo que hay carros estacionados cerca de ellos y decido entrar en contra del tránsito por la salida para poder estacionarme y dejar el plástico que llevaba.

Mientras voy acercándome al área de los contenedores, veo que están completamente abandonados. Todos y cada uno estaban llenos por encima de su capacidad de basura, sobre todo los de plástico, que estaban rodeados por una montaña de bolsas de basura. Hago un intento por ignorar mi frustración y molestia y añado mis bolsas al pie del monte de plástico. De camino a mi guagua, veo a alguien salir de detrás de uno de los contenedores y le pregunto si trabaja ahí. Me contesta que sí y procedo a preguntarle de la manera más tranquila que se me hizo posible por qué el centro de acopio está en semejantes condiciones de abandono. Me dijo que hacen como dos meses que el Municipio de San Juan no pasa a recoger la basura para reciclar.

Esto me sorprende sólo un poco, pues trabajo en una biblioteca que recicla los periódicos viejos y he sido testigo de lo flojo e indolente que es el Municipio de San Juan en ir a recoger los periódicos para reciclar. Sin embargo, no deja de molestarme que el Municipio sea tan descuidado con su propio centro de acopio. Recuerdo que hace como dos años, ese centro estaba bien cuidado y organizado; siempre había alguien allí que se encargaba de mantenerlo en orden. Ahora, hay veces en que uno va y no hay nadie trabajando allí, la basura se mezcla y hasta han dejado de recoger vidrio. Todo esto es el resultado de la nefasta Ley 7.

En un país donde llevar la basura a reciclar es casi un acto heroico, ¿cómo pretende el Gobierno fomentar que los ciudadanos mantengan limpias las ciudades y reducir la cantidad de desperdicios que van a parar a los vertederos si son ellos mismos los que desalientan a la ciudadanía a realizar estos pequeños actos de conciencia?

Fortuño compara coloniaje con esclavitud: pero, ¿no habrá querido decir otra cosa?

El Gobernador comparó la situación de estatus de Puerto Rico con la esclavitud que sufrió la población negra en el país por varios siglos. Esta comparación la hizo hoy en los actos que conmemoran el 153.^er natalicio de José Celso Barbosa, fundador del Partido Republicano de Puerto Rico que favorecía la estadidad. Sus palabras exactas fueron:

"El doctor Celso Barbosa estaría de acuerdo conmigo en que la lucha nuestra es igual a la lucha de los esclavos encadenados, porque estos 112 años de coloniaje nos tienen encadenados. Nosotros queremos liberarnos de esas cadenas del coloniaje para progresar, para echar pa'lante."
(Cita tomada de El Nuevo Día)

El Sr. Gobernador debe aprender a hacer analogías más acertadas, o por lo menos, que le sirvan de argumento para apoyar su posición de que Puerto Rico debe ser estado. Aunque existen ciertos paralelos entre la esclavitud y el coloniaje y no está del todo mal la comparación, vale la pena preguntarse lo siguiente: si tu pueblo lleva 112 años de relación colonial con la nación que lo invadió y dicha nación no se ha preocupado en cambiar sustancialmente esa relación, entonces, ¿por qué el empeño en querer ser parte de una federación de estados que le ha negado a tu pueblo el derecho básico de la autodeterminación? ¿Acaso es tan difícil ver la hipocresía de una nación que comenzó como un grupo de colonias que buscaban representación en la metrópoli negarle a su vez y por tanto tiempo a su posesión de ultramar el mismo derecho que buscaban en aquel entonces, aquel derecho que se les negó y que llevó a que las colonias declararan su independencia?

Sí, Sr. Gobernador, usted lo ha dicho: estamos encadenados y queremos--debemos--liberarnos para echar pa'lante.

Defensa floja del Presidente del Senado

El Presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, respondió hoy finalmente a la demanda presentada en su contra por haber violado el Reglamento del Senado y la Constitución. Según él, el pleito es académico (es decir, irrelevante) porque se ha restablecido a la prensa el acceso al hemiciclo. También dice que el Reglamento del Senado le da amplia discreción para manejar el orden y los trabajos del Senado como mejor le parezca. Sostiene además que los demandantes, un grupo de legisladores encabezados por el Senador Eduardo Bhatia, carecen de legitimidad para demandarlo porque goza de algo que se llama inmunidad parlamentaria.

A mi entender, todos y cada uno de estos puntos son incorrectos. A continuación intentaré argumentar las razones que tengo para pensar así.

En primer lugar, el pleito está muy lejos de ser académico. Aunque es cierto que se ha restablecido el acceso de la prensa al hemiciclo, no hay ninguna garantía de que el Presidente vuelva a impedir el acceso. De hecho, ya se ha visto esta situación. El Presidente volvió a impedirle acceso a la prensa un día después de que levantara la orden administrativa que lo prohibía.

Segundo, el Reglamento del Senado establece que una de las funciones del Presidente es mantener "en todo momento el orden y el decoro" y que "en el ejercicio de tal función podrá ordenar el desalojo inmediato de dichos lugares." Cuando se ordena el desalojo de un lugar, quiere decir que toda persona debe salir, sin excepción. Si el Presidente entiende que se pueden continuar los trabajos si se remueve a una o varias personas en específico, también lo puede hacer. Pero bajo ninguna circunstancia puede ordenar que se remueva a todo miembro de la prensa y de todos modos continuar con la sesión. En dicho caso tendría que haber decretado un receso o haber suspendido la sesión. El poder fiscalizador de la prensa debe estar presente siempre en sesiones legislativas. Esto es señal de una sociedad democrática.

Por último, el Presidente invoca el privilegio de inmunidad parlamentaria para pedir que se desestime el caso en su contra. Este privilegio se establece en la Sección 14, Artículo III de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y dice:

"Ningún miembro de la Asamblea Legislativa será arrestado mientras esté en sesión la Cámara de la cual forme parte, ni durante los quince días anteriores o siguientes a cualquier sesión, excepto por, traición, delito grave, o alteración a la paz; y todo miembro de la Asamblea Legislativa gozará de inmunidad parlamentaria por sus votos y expresiones en una u otra Cámara o en cualquiera de sus comisiones."

La razón por la cual existe el privilegio de inmunidad parlamentaria es para fortalecer la separación de poderes. Le asegura al legislador protección de represalias por cualquier expresión hecha mientras hace su trabajo. De esta manera se garantiza que las discusiones sean más francas y libres y se puedan crear las leyes sin que nadie se quede con las ganas de opinar por miedo a las consecuencias.

En este caso, a mi entender, la cláusula de inmunidad parlamentaria no aplica porque según una opinión del tribunal supremo, "La inmunidad legislativa se extiende a toda actividad legislativa legítima" (énfasis mío). Es decir, si la acción del Presidente prohibiendo el acceso de la ciudadanía y de la prensa a las sesiones legislativas va en contra de la Constitución, que garantiza que las sesiones de las Cámaras serán públicas, su acción es ilegítima y por ende, no cae bajo la protección de inmunidad parlamentaria.

Lejos de ser un experto en derecho, soy meramente un estudiante de música interesado en que las libertades que aprecio (y que necesito como artista) se protejan. Afortunadamente, vivo en una época en la que el acceso a la información que comparto aquí está disponible de manera gratuita, rápida y conveniente. Por eso, más que nunca, no se puede permitir que alguien que a todas luces haya violado la ley más alta del país se salga con la suya, sobre todo cuando es tan fácil que cada uno de nosotros lea por sí mismo las leyes y mire con sus propios ojos los hechos.

Por qué las acciones del Presidente del Senado son ilegales

Como ya se sabe, el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz le prohibió la entrada al público en general y a periodistas a algunas de las últimas reuniones del Senado en donde se hacían los últimos ajustes al nuevo presupuesto que estaba por aprobarse. Dicha acción es una violación al Reglamento del Senado y a la Constitución de Puerto Rico y de Estados Unidos.

Es cierto que el Presidente del Senado tiene la facultad para "ordenar el desalojo inmediato" de personas que no cumplan con las reglas de decoro y buena conducta según establecidas en el Reglamento. Sin embargo, esto se permite sólo cuando hay personas afectando el orden de los trabajos. Los días en que se prohibió la entrada a la prensa al hemiciclo ningún miembro de la prensa estaba causando disturbios. No existía razón alguna para que esa orden se emitiera.

Pero supongamos por un momento que todos los miembros de la prensa estaban violando el Reglamento del Senado. Si se tenían que expulsar todos, era deber del Presidente velar porque se proveyera alguna manera de que la sesión del Senado estuviera de alguna manera accesible al público en general. Al sacar de ahí a la prensa, el pueblo no tenía ojos ni oídos para enterarse de lo que pasaba ahí. Quién sabe qué más hizo el Senado en esos días en que no había supervisión de parte del pueblo.

Esto me trae a las violaciones de la Constitución de Puerto Rico y de los Estados Unidos. En la Constitución de Puerto Rico se establece claramente en la Sección 11 del Artículo III que "Las sesiones de las cámaras serán públicas." Esta oración constituye la totalidad de la Sección 11. No hay nada que interpretar ni nada que haga falta que se aclare. Cualquier ciudadano que quiera entrar a presenciar las sesiones legislativas lo puede hacer y se le tiene que permitir por ley.

Por último, tanto la Constitución de Puerto Rico como la de Estados Unidos garantizan el derecho a la libertad de palabra y libertad de prensa. Este derecho se garantiza en la Primera Enmienda a la Constitución de Estados Unidos, que forma parte de lo que se conoce como la Carta de Derechos (Bill of Rights). En la Sección 4 del Artículo II de la Constitución de Puerto Rico dice que "No se aprobará ley alguna que restrinja la libertad de palabra o de prensa o el derecho del pueblo a reunirse en asamblea pacífica y a pedir al gobierno la reparación de agravios." Por ende, el Sr. Presidente está equivocado cuando invoca el Reglamento del Senado para decir que éste le da derecho de cerrar las puertas del hemiciclo cuando así él lo juzgue necesario. Si éste fuera el caso, el Reglamento del Senado sería inconstitucional porque sería un documento legal que le permite al presidente ir por encima de la Constitución. No puede tampoco ampararse en la disposición del Reglamento de que en ciertos casos se podrá suspender parte de las disposiciones contenidas en él porque para que eso suceda tiene que haber una moción presentada y secundada por un tercio (1/3) del total de los miembros del Senado y después ser aprobada por mayoría absoluta. Esta suspensión tampoco podrá trascender después del día en que fue votada. Nada de esto se hizo.


Por lo tanto, lo que sucedió en el Capitolio durante los últimos días del mes de junio fue una violación crasa a las leyes del pueblo de Puerto Rico y de los Estados Unidos. El Presidente del Senado tiene que asumir responsabilidad por sus acciones y aceptar las consecuencias de las mismas. Puerto Rico necesita un Senado responsable, diligente, comprometido y disciplinado. Como dice al final de la Exposición de Motivos de la resolución para adoptar las reglas de procedimientos y gobierno interno del Senado de Puerto Rico: "Así lo reclamó el pueblo y es nuestra obligación corresponderle."